PRIMERA SENTENCIA DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA AGE


Según publica el diario El País, el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo número cuatro de Madrid ha dictado una resolución por la que ordena al Ministerio del Interior a devolver la parte proporcional de la paga extraordinaria suprimida en diciembre de 2012 correspondiente al período devengado comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 14 de julio de 2012, así como la parte proporcional del complemento específico y demás cantidades que deberían abonarse junto con la paga extraordinaria.

Se trata de la primera sentencia en contra de la Administración General del Estado (AGE). Hasta ahora los tribunales se habían pronunciado a favor de los empleados públicos de administraciones locales o regionales, pero hasta la fecha ninguna de las decisiones judiciales afectaba a los funcionarios de los ministerios.

La resolución dictada el pasado 30 de enero por el Juzgado Central de lo contencioso administrativo número cuatro de Madrid da la razón a un funcionario del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias —identificado bajo el nombre de Manuel— dependiente del Ministerio del Interior. El funcionario solicitó en septiembre de 2012 el cobro de la parte proporcional de la paga extra antes de la entrada en vigor del decreto de recortes del Gobierno, el 14 de julio de ese año. Pero la dirección del centro penitenciario donde estaba destinado (Lugo Matorroso) lo rechazó. El funcionario recurrió ante el contencioso administrativo, que ahora ahora resuelve que el Ministerio del Interior le pague las cantidades correspondientes a la parte proporcional.

El argumento jurídico principal del tribunal es que “la paga extraordinaria es un concepto retributivo fraccionable”. La resolución judicial censura “la aplicación retroactiva del Real Decreto 20/2012 porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima”. Además, el tribunal contencioso administrativo, que remarca que la sentencia es firme y no admite recurso, rechaza la cuestión de inconstitucionalidad porque “el decreto 20/2012 —la norma que incluía la supresión de la extra— no puede afectar al derecho consolidado de percepción de la paga extraordinaria devengada parcialmente hasta la fecha en que el mismo entró en vigor”.

De entrada, los criterios de la sentencia serían aplicables al conjunto de funcionarios de Interior, es decir, policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y administrativos, entre otros. Y desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado.

El sindicato CSI-F considera que el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de los empleados públicos de España. No tiene sentido que lo que reconocen los juzgados a título particular e incluso para el grueso de los trabajadores de una comunidad autónoma, no sea reconocido para el conjunto de los empleados públicos, puesto que todos parten de la misma situación. El Ministerio de Hacienda debe devolver cuanto antes esta retribución porque de lo contrario se estará produciendo una situación discriminatoria. De hecho, el Gobierno de Canarias y las comunidades autónomas de Castilla y León, y Extremadura ya han anunciado oficialmente que devolverán la parte proporcional de la extra devengada.

ACCESO A LA DESCARGA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Carlos Yebra Matiaci.

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Acerca de Carlos Yebra Matiaci

Funcionario de carrera de la Administración General del Estado. Sígueme en https://twitter.com/cymblog
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4 respuestas a PRIMERA SENTENCIA DEVOLUCIÓN PAGA EXTRA AGE

  1. alexroa dijo:

    Estupenda noticia. Sólo será una cuarta parte de lo que nos robaron, pero algo es algo.

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  2. csantosr dijo:

    No hay ya excusa para retrasar más la devolución de lo que se ha establecido del derecho y del revés como sustraído indebidamente.

    Si acaso, se permite este gobierno remolonear por la actitud quizás poco reivindicativa de los empleados públicos y empleadas públicas, que les favorecemos por ello el remoloneo.

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