EL PARTIDO POPULAR BOLIVARIANO


Como supongo qusmee todos sabréis, el próximo 2 de octubre de 2016 entrará en vigor la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Pero lo que muchos no conoceréis son las consecuencias que para algunos sectores implica dicha entrada en vigor, concretamente en el caso de las sociedades mercantiles cuya participación directa en su capital social por parte de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que integren el sector público institucional estatal sea superior al 50 por ciento.

De esta forma, el Partido Popular que tanto propugna por destruir el sector público y eliminar entes públicos, duplicidades y demás mamandurrias, se encuentra con una nacionalización de todas aquellas sociedades mercantiles cuya participación estatal sea superior al 50 por ciento.

No voy a dar nombres de sociedades mercantiles afectadas por esta aberrante Ley que fue aprobada únicamente con el apoyo de una mayoría absolutista del Partido Popular, ese mismo partido que ahora dice que tiene que gobernar porque 8 millones de mucho españoles les han votado cuando 15 millones de electores y electoras han elegido a otras formaciones políticas.

El caso es que se han visto envueltas en un descomunal problema sociedades mercantiles que se regían por las reglas del sector privado y que de un plumazo, con estas mentes pensantes que tenemos por gobierno en funciones, se van a ver sujetas a las restricciones de unos Presupuestos Generales del Estado y a unas condiciones limitantes que sin duda perjudicarán sus intereses, puesto que pasan a integrarse en el sector público institucional estatal, debiendo rendir cuentas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y sometidas al control económico-financiero de la Intervención General de la Administración del Estado.

El personal de las ahora denominadas sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, pasando a formar parte del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Esta monumental cagada del Partido Popular supondrá una pérdida de competitividad para aquellas sociedades mercantiles líderes en su sector, que verán limitadas sus capacidades de crecimiento y expansión por las restrictivas leyes del sector público estatal, lo que impedirá su progreso y supondrá, sin lugar a dudas, una inesperada oportunidad para hacerse con el mercado por parte de sus competidores.

Estoy convencido de que ni las mentes malpensantes del Partido Popular han caído en el efecto perverso para sus planes privatizadores del sector público que esta Ley ocasiona, ya que la inmensa mayoría de las empresas matrices estatales de estas sociedades mercantiles iban a ser privatizadas, pero se toparon con que para ello necesitaban cambiar leyes y, en algunos casos, incluso existía una legislación europea que impedía llevar a efecto la pretendida destrucción del sector público.

Así que hete aquí que el Partido Popular va a tomar de la medicina que no quería, perjudicando sobremanera a sus amigotes y muy probablemente a las trabajadoras y trabajadores integrantes de las sociedades mercantiles afectadas, ya que una pérdida de liderazgo en el sector privado conllevará inevitablemente a un deterioro en su cuenta de resultados y a los más que probables despidos, al estar sometidas a partir del 2 de octubre a la normativa que les sea de aplicación en materia presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación.

¿Se nos habrá vuelto bolivariano el Partido Popular? ¿O más será fruto de su propia incompetencia? Que sus amigos empresarios pidan cuentas, aunque mucho me temo que este error será aprovechado para colocar a sus enchufados en los consejos de administración de las sociedades mercantiles, ahora estatales, designados por la Administración General del Estado, como de hecho me consta que ya se está intentando realizar y que en algunos casos han sido rechazados por los grandes accionistas.

Si es que no hay mal que por bien no venga. A lo mejor vemos a algún ex ministro, ex subsecretario de estado o demás cesados por corrupción, incompatiblidad, ineptitud o desvergüenza, copando el equipo directivo de las nuevas sociedades mercantiles estatales.

Que tristeza de país. Están acabando hasta con el sector privado. No van a dejar nada más que desolación y saqueo. Pero es lo que quieren 8 millones de mucho españoles.

Que así sea.

Carlos Yebra Matiaci.

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Acerca de Carlos Yebra Matiaci

Funcionario de carrera de la Administración General del Estado. Sígueme en https://twitter.com/cymblog
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