SENTENCIA: DERECHO A PERCIBO DE TRIENIOS EN IT


Con fecha 5 de abril de 2019, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha fallado a favor de una funcionaria que estuvo de baja entre octubre de 2015 y octubre de 2016 tras una intervención quirúrgica, y que durante el periodo de incapacidad temporal perfeccionó un trienio sin percibirlo. Además, tampoco recibió la subida salarial del 1% correspondiente al año 2016.

El fallo de la sentencia dicta que se estima el recurso contencioso administrativo de la recurrente, declarando que la resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia denegando el abono del trienio reconocido, no es conforme a derecho y en su lugar, se condena a la Administración al pago del noveno trienio perfeccionado desde el 1 de enero 2016 hasta el 4 de octubre de 2016 por importe de 503,91 €, así como el derecho también a percibir el incremento del 1%, durante el periodo de incapacidad por enfermedad y que asciende al importe de 162,27 €, más los intereses legales correspondientes.

La Sala de este Tribunal comparte íntegramente el criterio jurisprudencial recogido en la sentencia de 14 de noviembre de 2016, de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en cuyo fundamento de Derecho Tercero concluía que:

“(…) En esencia, se trata de una retribución que tiene por finalidad compensar al funcionario como consecuencia de la prestación continuada de servicios en la Administración, incorporándose a la nómina de dicho empleado público con carácter permanente a partir del momento en que se perfecciona, de manera que su percepción no puede quedar afectada por una situación episódica y eventual, como el hecho de que el funcionario se encuentre en situación de incapacidad temporal, puesto que su reconocimiento se somete al cumplimiento de una condición, cual la prestación continuada de servicios durante tres años, y una vez cumplida, surge el derecho del interesado a percibir mensualmente una cantidad mientras esté activo.

Por tanto, si bien puede entenderse que mientras dure la situación de incapacidad temporal no se perciba la cantidad correspondiente al trienio perfeccionado, no existe norma ni razón alguna que impida que, una vez llegado el alta, tenga el funcionario derecho a que se le abonen los atrasos de aquél.

La anterior conclusión tampoco resulta desmentida por el tenor del artículo 9 del RDL 20/2012, que directamente no aborda esta cuestión, ya que se dedica a la prestación económica que corresponde al personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes y órganos constitucionales (…)”.

Añade además la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, que dichos argumentos son igualmente trasladables a la actualización de las nóminas, por lo que procede la estimación íntegra del recurso y el derecho a proceder al pago de las cantidades anteriormente descritas por los atrasos del trienio perfeccionado y la subida salarial del 1%, más los intereses legales correspondientes en ambos casos.

Tenéis acceso a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  TSJ de Castilla y León en el siguiente enlace:

Carlos Yebra Matiaci.

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MUFACE: AYUDAS PROTECCIÓN SOCIOSANITARIA 2019


Con fecha 11 de abril de 2019, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, Resolución de 9 de abril de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2019.

Los programas objeto de la presente resolución de convocatoria son los siguientes:

  • 1.1 Programa para facilitar la autonomía personal, con las siguientes modalidades:

a) Ayudas para tratamientos terapéuticos y programas para la adquisición de habilidades o destrezas, dirigidos al mantenimiento y potenciación de la capacidad residual.

b) Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en el domicilio habitual así como en las zonas comunes comunitarias en la proporción que le corresponda, según coeficiente catastral, y siempre que resida en él al menos durante 183 días al año. En ningún caso se considerará domicilio habitual la estancia en residencias o centros asistenciales.

c) Ayudas para la adquisición o utilización de medios o ayudas técnicas, entendiendo por tales los aparatos o utensilios diseñados para solucionar las dificultades que la persona con discapacidad o dependencia pudiera encontrar en la realización de las actividades de la vida diaria.

  • 1.2 Programa de ayudas para atender los gastos derivados de procesos psiquiátricos crónicos que requieran la permanencia del paciente en ambiente controlado en hospitales, centros o unidades psiquiátricas reconocidas oficialmente por la Administración Pública competente. Dicho internamiento podrá ser a tiempo completo (24 horas) o en estancias diurnas.
  • 1.3 Programa de ayudas para tratamientos y terapias dirigidas a personas drogodependientes en centros o con terapeutas especializados. Tanto los centros como los terapeutas, en su caso, deberán estar reconocidos por la Administración Pública competente o estar inscritos en la misma.

El reconocimiento y pago de estas ayudas será compatible con el tratamiento sanitario necesario que el beneficiario reciba con cargo a esta Mutualidad. En este sentido, aun cuando los tratamientos por consumo de alcohol estuvieran cubiertos por los conciertos o convenios suscritos por Muface para la prestación de la asistencia sanitaria, los afectados por esta dependencia podrán ser también beneficiarios, de forma complementaria, de las ayudas a las que se refiere este programa.

  • 1.4 Programa de ayudas dirigidas a la financiación de los gastos originados por estancias temporales en residencias asistidas o centros de día y de noche durante los periodos de convalecencia con pérdida transitoria de autonomía, con las siguientes modalidades:

a) Ayudas para estancia en residencias asistidas.

b) Ayudas para asistencia a centros de día y de noche.

Las residencias y los centros de día y de noche deberán estar reconocidos oficialmente para prestar servicios continuados de carácter psicosocial y sanitario.

  • 1.5 Programa de ayudas destinado a financiar la compra de alimentos elaborados, tratados o preparados especialmente para responder a las necesidades particulares de los enfermos celíacos.
  • 1.6 Programa de ayudas para enfermos oncológicos destinadas a sufragar los gastos que como consecuencia del tratamiento prescrito hagan necesario la compra de prótesis capilares o sujetadores postmastectomía.
  • 1.7 Programa de prolongación, en determinados supuestos, de los efectos de las ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en el epígrafe 9 de la Resolución de 10 de julio de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2018.

Las solicitudes se dirigirán al Servicio Provincial de MUFACE al que esté adscrito el titular, pudiendo presentarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, en cualquier Servicio Provincial de Muface o en cualesquiera de los registros indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Para la presentación de la solicitud se podrá utilizar el impreso normalizado disponible tanto en las sedes de Muface como a través de la web www.muface.es, junto a la que deberá acompañarse la documentación pertinente.

Carlos Yebra Matiaci.

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MUFACE: NUEVOS MODELOS INCAPACIDAD TEMPORAL


Con fecha 10 de abril de 2019, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, Resolución de 1 de abril de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio.

Como consecuencia de la aplicación de cambios normativos (Ley 39/2015, Ley Orgánica 3/2018) que aconsejan su adaptación a los procesos de intercambio de información imprescindibles para el reconocimiento y control de las situaciones incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas, así como la nueva codificación clínica de los diagnósticos y tratamientos utilizando la clasificación CIE-10-ES en lugar de la CIE-9-MC, y con la finalidad de facilitar la utilización de medios electrónicos en el intercambio de información entre MUFACE e INSS y para la tramitación electrónica del procedimiento de concesión del subsidio de incapacidad temporal:

  • Se aprueban los nuevos modelos de parte de incapacidad temporal y de parte de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, que se compondrán de dos ejemplares respectivamente: uno para el mutualista y otro para la Administración.
  • Se aprueba el nuevo modelo de parte de maternidad.
  • Se aprueba el nuevo modelo de solicitud de reconocimiento médico por el mutualista en aplicación del artículo 90.3 del Reglamento General de Mutualismo Administrativo, Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo.
  • Se establece la comunicación electrónica entre los órganos de personal y MUFACE en el procedimiento de control, seguimiento y gestión de las situaciones de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.
  • Se ordena la aplicación de la clasificación internacional de enfermedades, 10.ª edición (CIE-10-ES), para la codificación de los diagnósticos y procedimientos informados en los partes de incapacidad temporal por los facultativos de las entidades médicas firmantes del vigente y sucesivos conciertos entre MUFACE, así como de los servicios públicos de salud.

Los modelos de parte y de solicitud regulados en esta Resolución estarán disponibles en el portal de internet www.muface.es en la fecha de su entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Carlos Yebra Matiaci.

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AGE: TRASLADOS POR MOTIVOS DE SALUD


Con fecha 4 de abril de 2019, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan las reglas aplicables para la concesión de traslados a los funcionarios y funcionarias de carrera de la Administración General del Estado por razones de discapacidad sobrevenida o de agravación del grado de discapacidad, así como por motivos de salud y posibilidades de rehabilitación de los funcionarios y funcionarias de carrera, sus cónyuges o los hijos e hijas a su cargo.

El contenido de esta Resolución será de aplicación al personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado.

El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada, para lo que podrá utilizar el modelo de solicitud anejo a esta resolución.

La solicitud expondrá los motivos que justifican la necesidad de traslado a juicio de la persona solicitante. En todos los casos, las circunstancias que pueden justificar una petición de traslado por motivos de salud, rehabilitación o discapacidad sobrevenida o agravada, han de referirse a aspectos médicos de especial consideración o gravedad.

El plazo máximo para dictar resolución será de tres meses, salvo que para llevar a efecto la movilidad, sea necesaria la creación, modificación o desconcentración de un puesto, en cuyo caso el plazo de resolución podrá alcanzar los seis meses.

Si el traslado no implica cambio de residencia de la persona solicitante, el cese y la toma de posesión deberán producirse en el plazo de tres días hábiles desde la notificación de la Resolución de traslado a la persona solicitante; si implica cambio de residencia acreditado, este plazo será de un mes.

El puesto adjudicado, tendrá carácter irrenunciable, la solicitud de este traslado implica la aceptación por parte de la persona solicitante de un puesto de nivel de complemento de destino y específico iguales o inferiores a los del puesto que tiene con carácter definitivo o a aquel que ocupa en adscripción provisional y en la localidad que la Administración determine a la vista de las condiciones geofísicas o medioambientales señaladas en el informe médico oficial aportado por la persona solicitante o del listado de centros de rehabilitación aportado por la Entidad Gestora de la Seguridad Social que corresponda.

El puesto de trabajo asignado lo será con carácter definitivo cuando se ocupara con tal carácter el puesto de origen.

Los funcionarios y las funcionarias con destino definitivo que obtengan puesto por este procedimiento deberán permanecer en el puesto de trabajo asignado un mínimo de dos años, salvo en los supuestos del artículo 41.2 del Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Carlos Yebra Matiaci.

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INAP: SEGUNDA CONVOCATORIA FORMATIVA 2019


Con fecha 2 de abril de 2019, se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, las siguientes convocatorias sobre actividades formativas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), correspondientes a la segunda convocatoria del primer semestre de 2019:

Como paso previo a la presentación de las solicitudes correspondientes, se recomienda revisar la ficha descriptiva de cada actividad formativa, que está disponible en la página web del INAP http://www.inap.es/catalogo-de-formacion. En ella se amplía la información proporcionada en el anexo en lo que respecta a los objetivos de aprendizaje, contenidos, docentes, horario, lugar de celebración y otra información de interés.

Podrán participar en las actividades formativas los empleados públicos que presten servicios a través de una relación de carácter funcionarial, laboral o estatutario en el ámbito de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla y de la Administración local, así como el personal de administración y servicios de las universidades públicas y el personal funcionario al servicio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Quien desee participar en las actividades formativas convocadas deberá cumplimentar la correspondiente solicitud electrónica. Se podrá presentar hasta un máximo de tres solicitudes por persona en esta convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

En caso de incidencias en la realización de la solicitud electrónica debe de ponerse en contacto con el Centro de Atención al Usuario (CAU):

  • Correo electrónico: cau@inap.es
  • Teléfono: 91 078 02 55. Horario de atención telefónica: de lunes a viernes de 08:00 a 23:59 horas, y sábados de 09:00 a 20:00 horas.

Carlos Yebra Matiaci.

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BOE: OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2019


Con fecha 2 de abril de 2019, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, las ofertas de empleo público para la Administración General del Estado, Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil, estabilización de personal de la Administración de Justicia y estabilización de personal no docente universitario de la AGE, para el año 2019:

En lo que se refiere a la Administración General del Estado, el total de plazas convocadas es de 10.902 por turno libre y 8.350 por promoción interna, según el siguiente desglose:

Turno libre

  • A1: 1.862 plazas de cupo general y 97 por discapacidad.
  • A2: 2.405 plazas de cupo general y 140 por discapacidad.
  • C1: 3.119 plazas de cupo general y 132 por discapacidad.
  • C2: 862 plazas de cupo general y 54 por discapacidad.
  • Personal laboral: 1.665 de cupo general y 354 por discapacidad.
  • Personal laboral entes públicos: 210 de cupo general y 2 por discapacidad.

Promoción interna

  • A1: 675 plazas de cupo general y 31 por discapacidad.
  • A2: 1.643 plazas de cupo general y 84 por discapacidad.
  • C1: 3.570 plazas de cupo general y 190 por discapacidad.
  • C2: 1.249 plazas de cupo general 251 por discapacidad.
  • Personal laboral: 624 plazas de cupo general y 33 por discapacidad.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Carlos Yebra Matiaci.

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ENVEJECIMIENTO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO


El Consejo de Ministros del pasado viernes, 29 de marzo de 2019, ha analizado la edad del personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado (AGE). La situación a 1 de enero de 2019 es la siguiente:

La AGE (personal de los ministerios, excluyendo FFAA y FCSE) cuenta con 135.476 empleados públicos. La edad media de este personal es de prácticamente 52 años (51,9), casi diez años más que la del conjunto de la población activa del país (42,5).

En la pirámide por edad se aprecia la distribución del personal por grupos de años. Destacan dos reducciones: la primera -colectivo de 40 a 49 años- fruto del efecto de la culminación de los procesos de traspaso de personal a las CCAA. La segunda -efectivos entre 30 y 39 años- refleja los efectos de la crisis económica y la reducción de las tasas de oferta de empleo a límites muy por debajo de los niveles que garantizan la reposición de efectivos.

En los últimos 15 años se observa cómo el envejecimiento del personal se va acelerando. Los 46 años de edad media registrados en el año 2004 pasaron a ser 47 en 2008, 49 en 2012 y 52 en 2019.

La primera consecuencia de esta situación afecta a la previsible reducción de efectivos por el impacto de la jubilación. En los próximos diez años (2029) más del 51% del personal –casi 70.000 efectivos– se va a jubilar. En grupos como auxiliar y administrativo estos porcentajes son incluso mayores, alcanzando el 57,3% y 62,6%, respectivamente.

19.159 empleados públicos -cerca del 14%- pueden jubilarse este año 2019.

Las cifras dan una idea de la magnitud del problema que hay que afrontar en los próximos años, de manera ineludible, mediante una reposición suficiente de efectivos, jugando un papel esencial las ofertas de empleo público.

El reto no es sólo cuantitativo, porque las necesidades son distintas a las de hace 15 años y las circunstancias han cambiado en la Administración: la descentralización y las nuevas tecnologías adquieren cada vez mayor protagonismo y, por tanto, repercuten en la prestación de los servicios públicos. Con estos aspectos, hay que definir los nuevos recursos humanos en función de los sectores más necesitados y de atención directa a la ciudadanía, a través de la adecuada planificación.

La introducción de importantes cambios metodológicos en el diseño de la OEP permite orientar la cobertura de los recursos personales -cuantitativa y cualitativamente- a las necesidades sociales.

Se ha tenido en cuenta la identificación de sectores sensibles por su impacto en las necesidades de la ciudadanía que precisan atención y refuerzo especiales.

Partiendo del análisis y de los sectores prioritarios marcados por los PGE prorrogados, la oferta refuerza servicios públicos de atención a la ciudadanía prestados por la Administración en el territorio: delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, empleo, tráfico, catastro, extranjería… También el sector del I+D+i, lucha contra el fraude fiscal y laboral, Administración penitenciaria y nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en la AGE.

En tanto, la OEP 2019 ofrece novedades que permiten mejorar la planificación en el diseño de la política de recursos humanos en la AGE:

  • Realización de un análisis de la tendencia al envejecimiento de las plantillas.
  • Estimación plurianual de necesidades por cada departamento para el período 2019-2021, que permitirá distribuir adecuadamente la oferta por grupos teniendo en cuenta que los grupos auxiliar y administrativo tardan seis meses en incorporarse al servicio, mientras que los grupos superiores -por la complejidad de sus procesos selectivos- prolongan ese plazo entre año y medio y dos años.
  • El análisis de la situación real centra la metodología utilizada tomando el escenario actual como marco de referencia o “base 0” para el conjunto de la programación.
  • Se ha revisado la tasa de cobertura de las plazas convocadas para optimizar su dotación, evitando desajustes no deseados entre distintos cuerpos o escalas y la convocatoria de plazas que después no se cubren y, por tanto, se pierden.

Carlos Yebra Matiaci.

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